Se trata del proceso contra Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo. La vicepresidenta insiste con investigar a los autores ideológicos y saber quiénes financiaron a la organización.

La Cámara Federal pidió que se eleve a juicio oral y público la causa contra Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carizo por el intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Los tres están acusados de ser los coautores del ataque. Los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens rechazaron un planteo de prisión domiciliaria para Carrizo, el presunto líder de «Los Copitos», e instaron a la jueza María Eugenia Capuchetti a que el caso pase a instancia de juicio oral.

Los jueces Bertuzzi y Bruglia consideraron que «frente a la situación de detención de los imputados y el estado de la investigación a su respecto, se proceda con la celeridad que el caso requiere a fin de avanzar en el estadio procesal».

«Más allá de que el plazo del proceso no parece excesivo para las distintas hipótesis de investigación que sugiere la querella lo cierto es que luce inadmisible que no se haya elevado a juicio el hecho principal cuando la investigación a su respecto se encuentra agotada y con sus imputados en detención preventiva, por lo que, al menos respecto de la situación procesal de Carrizo y sus consortes, entiendo que las actuaciones se encuentran en el tiempo óptimo para proceder conforme lo previsto por el art. 346 del C.P.P.N. para así lograr una pronta realización del juicio», opinó en su voto Mariano Llorens.

«He dicho en otras oportunidades que una justicia que tarda no es justicia; pero tampoco lo es una que se pronuncia meca´nicamente, guiada por el impulso de ajustarse a un calendario. Es por ello que la razonable tramitacio´n de las causas deben serlo en un tiempo o´ptimo», añadió el magistrado.
Según la investigación, tanto Sabag Montiel como su novia venían planificando el atentado desde hace varios meses tal cual surge de sus conversaciones vía mensajería instantánea y hasta habían proyectado alquilar una propiedad cercana a la de la Vicepresidenta para seguir todos sus movimientos.

De esta forma, los tres rechazaron el pedido de detención domiciliaria presentada por Carrizo con la defensa de Gastón Marano, y aludieron a «riesgos procesales» como ser el posible entorpecimiento de la investigación que por ahora tiene solo tres detenidos e imputados.

La Vicepresidenta, querellante en el caso a través del abogado Juan Manuel Ubeira, considera que la jueza Capuchetti no investigó ni a los autores intelectuales detrás del ataque del 1 de septiembre, ni tampoco a quienes financiaron el atentado.

Es que hay un testimonio aportado por un legislador del Frente de Todos que dice haber escuchado días antes del atentado al diputado de Cambiemos Gerardo Milman, hablar con dos asesoras donde hacía referencia a lo que iba a suceder y que para cuando eso ocurra, él no iba a estar en Buenos Aires.

Las dos asesoras que compartieron esa mesa con Milman declararon ante la jueza y negaron que eso fuera cierto pero la querella de la Vicepresidenta insiste con más medidas de prueba como ser el análisis de los teléfonos del diputado y esas personas, entre otras medidas.

También apunta al financiamiento y en ese sentido la Vicepresidenta reclama que ésta causa tramite en conjunto con aquella que se investiga por amenazas a Revolución Federal, cuyos líderes estuvieron presos por distintos mensajes amenazadores enviados hacia ella y Alberto Fernández.

En ésta causa, en manos de otro jueza, la Vicepresidenta asegura que aparece vinculado la familia del exministro macrista Nicolás Caputo, por algunos trabajos de carpintería que le encargó a Jonathan Morel, líder de Revolución Federal, y que todo eso no es más que un camuflaje de un financiamiento encubierto a las actividades ilegales de dicha organización.

Fuente: Cadena 3