“Ya desalojaron todas las oficinas”, dijeron fuentes de la compañía.

La intervención al Grupo Vicentín fue decidida y aplicada con una velocidad asombrosa. Alberto Fernández realizó el anunció ayer a la tarde y en la mañana de hoy tomó el control de la sede central de la compañía, ubicada en Avellaneda, una localidad del noreste de la provincia de Santa Fe.

Mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU), el Presidente dispuso la intervención de la firma, una de las principales empresas procesadoras y exportadoras de granos y derivados de la Argentina, y nombró como interventor al experto en asuntos agropecuarios Gabriel Delgado.
“Esta mañana ya desalojaron todas las oficinas”, dijeron a VíaPaís fuentes de la compañía, quienes expresaron su desconcierto por la medida, cuando el Grupo Vicentín se encuentra en pleno concurso preventivo de acreedores y aún se encuentra en plazo para lograr el acuerdo mayoritario de los acreedores para pagar la deuda, según resaltaron.

A las 10:06 de la mañana de este martes, en el aeropuerto Teniente Daniel Jukic de la III Brigada Aérea de la ciudad santafesina de Reconquista, aterrizó un primer avión, y a las 10:16, otro, con funcionarios nacionales, cuya misión específica es empezar formalmente la intervención estatal de la compañía.
Según detalló el portal Reconquista Hoy, la delegación del Poder Ejecutivo Nacional estuvo encabezada por el subinterventor estatal del Grupo Vicentín, Luciano Zarich, y se trasladó pasadas las 11:25 al Juzgado Civil y Comercial de la 2° Nominación de Reconquista, a cargo del juez Fabián Lorenzini, a quien le entregaron una copia certificada por la Escribanía General de la Nación del DNU de Alberto Fernández.

Se trató de un acto puramente formal de notificar al magistrado sobre el proceso concursal en que encuentra la compañía, tras lo cual la delegación partió hacia la Empresa Vicentín, en Avellaneda, para tomar posesión.

Qué se propone el Gobierno

Soberanía alimentaria y rescate. Esos fueron los dos conceptos que eligió el presidente Fernández para anunciar y justificar la intervención por decreto de este grupo empresario y el envío al Congreso de un proyecto de ley para expropiarla. La decisión, que fue urdida en plena pandemia, tiene un impacto económico y otro muy político.

Es que esta corporación alimenticia, de origen santafesino pero con negocios y sedes en el país y en el exterior, está en situación concursal desde hace cuatro meses por no poder pagar deudas por 350 millones de dólares, y su principal acreedor es el Banco Nación.

Durante la gestión de Mauricio Macri, esta entidad financiera pública le prestó al Grupo 18.500 millones de pesos.

El expresidente del Banco Nación, Javier González Fraga, un economista del radicalismo, fue imputado por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien pidió que se lo investigue en una causa penal abierta, al igual que a directivos de Vicentín, por las supuestas irregularidades en el otorgamiento de esos créditos.

Vicentín, a su vez, fue el principal aportante de la campaña de Juntos por el Cambio, con $ 13,5 millones. Es decir que la empresa, ahora en default, le pidió préstamos multimillonarios al gobierno de Macri, del que después fue su principal benefactor electoral.

El presidente Fernández realizó el anuncio el lunes a la tarde en la Quinta de Olivos, en una conferencia de prensa en la que planteó con claridad el objetivo de su decisión: “Le permitirá al Estado tener una empresa testigo en el mercado de cereales para una planificación estratégica y a partir de allí poder referenciar al mercado alimentario”, dijo y señaló que el país está “dando un paso hacia la soberanía alimentaria”, porque “un mundo post pandemia va a poner a los alimentos en el centro de la discusión”.

El jefe de Estado apareció escoltado por la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, a quien definió como “una amiga”, y por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

A ambos les atribuyó la idea de declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación a la empresa, con un proyecto de ley que será discutido en el Congreso, mientras la compañía permanece intervenida por DNU.

Está por verse si juntan los votos para cumplir el objetivo parlamentario: Juntos por el Cambio ya salió a cuestionar la decisión por considerar es el anticipo de una nueva Junta Nacional de Granos.

Fuente: Vía País